Nadie para al síndico de Tapachula
Con impunidad, funcionario y familia roban más de 41 metros cuadrados a una mujer.
Por Amir Hernández
Ana Isabel de León Mendoza jamás imaginó que sería vecina de un incómodo funcionario municipal, cuando en abril de 2006 compró un terreno en Playa Linda, ubicado en el municipio de Tapachula sobre la Carretera Barra de Cahoacán, en el litoral del océano Pacífico.
En las vacaciones de Semana Santa de ese año ocurrió el primer encuentro non grato con el vecino incómodo. Aunque aún no sabía que se trataba del síndico de Tapachula, Ángel Octavio González Rosario, quien junto con su hermano Rodolfo y su padre Ángel González Fuentevilla manejan el restaurante-bar denominado "Villa de las Orcas", establecido junto al predio "La Cueva del Tiburón Verde", propiedad de la agraviada.
En ese entonces el funcionario reclamó a la hoy quejosa, madre de dos menores de edad y dedicada a la industria de la masa y la tortilla, en el sentido de que "tiraba basura al patio del restaurante y que no tomara los mojones", sólo que el funcionario sigue ignorando que quienes hacen eso son sus propios comensales.
A partir de esta fecha inició una historia de injusticias, despojo, abuso de poder, influyentismo y red de corrupción, en el que están involucrados funcionarios del Ayuntamiento Municipal, Subprocuraduría de Justicia del Estado y Tribunal de Justicia del Estado en Tapachula.
Cambio de jueces
Posteriormente a la Semana Santa de 2006 la familia del Síndico sembró varias palmeras justo en la línea que separa su predio del terreno de De León Mendoza. Dos años más tarde las plantas crecieron e invadieron 41.60 metros cuadrados del inmueble de Ana Isabel, según la averiguación previa 000599/CPJSC1/2008 que se inició el 21 marzo de 2008 en contra de Ángel Octavio González Rosario por el delito de despojo.
Derivado del problema de límites, "mi familia y yo hemos sido víctimas de agresiones físicas y verbales basadas en argucias legaloides. Mi portón fue derribado por un espectacular del restaurante, que misteriosamente provocó un camión repartidor de refrescos Coca-Cola; tiran a mi terreno el agua contaminada que sacan de su alberca, nos tiran el aceite quemado y la basura -bolsas, pañales desechables, latas y botellas del restaurante-".
Después del proceso que le dio a la averiguación previa, Omar Heleria Reyes, juez Primero del Ramo Penal del Distrito de Tapachula, obsequió el 15 de junio de 2009 la orden de aprehensión bajo el expediente 91/2009 y oficio número 84/M3/2009 en contra de Ángel Octavio González Rosario, Rodolfo González Rosario y Ángel González Fuentevilla (padre de ambos) por el delito de despojo equiparado.
Sin embargo, a las 16:00 horas del 16 de junio de 2009, cuando los tres sujetos serían aprehendidos por la Policía Ministerial sobre la Sexta Avenida Norte entre 35 y 36 Poniente de Tapachula, el Síndico haciendo uso de sus influencias logró que ninguno quedara detenido.
"Al lugar de los hechos llegaron policías municipales armados, quienes cortaron cartucho a los ministeriales, y cuando yo señalaba a Ángel Octavio González del Rosario, su padre me empujó violentamente. Mientras que el funcionario alegó que tenía fuero y que no podía ser detenido", señaló la agraviada.
Otros testigos informaron que el Síndico aprovechó el descuido de la Policía Ministerial para llamar al titular de Seguridad Pública Municipal, Álvaro Monzón Ramírez; al director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Ulises Gordillo Mendoza; al edil Ezequiel Orduña Morga, a quien dijo "sácame de esta bronca"; así como a funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia en Tapachula.
"A Rodolfo nunca lo detuvieron, el Síndico fue llevado en calidad de presentado y no aprehendido ante la juez Zelmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán -juez Primero del Ramo Penal del Distrito de Tapachula que recién había sido removida a ese lugar-, mientras que el padre de éstos fue trasladado al Hospital Metropolitano por presuntos problemas de salud. Todo eso lo inventaron. Fuimos a esa clínica a confirmar la detención de este señor pero nos dijeron que no estaba y mucho menos había custodia de la Policía. Finalmente todos estaban libres", agregó De León Mendoza.
Orden sin cumplimentar
La Policía Ministerial no pudo cumplimentar la orden de aprehensión en contra de los tres sujetos y presentarlos ante la Juez, gracias al poder del funcionario municipal y a su círculo de amigos influyentes, quienes actuaron encima del Estado de Derecho. Al preguntarle a la Juez sobre la "improcedencia" de la orden de aprehensión, contestó que "el otro Juez me la obsequió porque sintió lástima".
Además, añadió la quejosa, la autoridad judicial no usó el peritaje oficial de la PGJE "porque le faltaban ciertos elementos", por lo que "utilizó otro dictamen favoreciendo al demandado".
La denuncia ya es del conocimiento del presidente Felipe Calderón; Ana Elisa López Coello, presidenta del Congreso del Estado; Samuel Toledo Córdova Toledo, secretario de la Función Pública del Estado; Raciel López Salazar, procurador General de Justicia del Estado; así como de la Fiscalía Especializada Contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Chiapas.
"Desafuero" del Síndico
Como último recurso, Ana Isabel de León Mendoza solicitó al Congreso del Estado la promoción de un juicio de formación de causa en contra de Ángel Octavio González del Rosario en virtud de que enfrenta una orden de aprehensión por el delito de despojo equiparado.
La tarde del viernes se reunió con varios diputados, entre ellos Ana Elisa López Coello, presidenta del Congreso del Estado, quien se comprometió a tomar partido con el fin de solucionar el conflicto. "Pedir justicia no es un capricho mío. El Síndico y su familia se están burlando de las instituciones, de quienes procuran justicia, bajo el argumento de tener fuero. Este fuero es lo que está permitiendo que actúe con impunidad, fuera de la ley", protestó De León.
Hasta la noche de ayer la familia González del Rosario aún tenía en su poder los 41.60 metros cuadrados de Ana Isabel, cifras que podrían crecer si las autoridades no intervienen.
Por Amir Hernández
Ana Isabel de León Mendoza jamás imaginó que sería vecina de un incómodo funcionario municipal, cuando en abril de 2006 compró un terreno en Playa Linda, ubicado en el municipio de Tapachula sobre la Carretera Barra de Cahoacán, en el litoral del océano Pacífico.
En las vacaciones de Semana Santa de ese año ocurrió el primer encuentro non grato con el vecino incómodo. Aunque aún no sabía que se trataba del síndico de Tapachula, Ángel Octavio González Rosario, quien junto con su hermano Rodolfo y su padre Ángel González Fuentevilla manejan el restaurante-bar denominado "Villa de las Orcas", establecido junto al predio "La Cueva del Tiburón Verde", propiedad de la agraviada.
En ese entonces el funcionario reclamó a la hoy quejosa, madre de dos menores de edad y dedicada a la industria de la masa y la tortilla, en el sentido de que "tiraba basura al patio del restaurante y que no tomara los mojones", sólo que el funcionario sigue ignorando que quienes hacen eso son sus propios comensales.
A partir de esta fecha inició una historia de injusticias, despojo, abuso de poder, influyentismo y red de corrupción, en el que están involucrados funcionarios del Ayuntamiento Municipal, Subprocuraduría de Justicia del Estado y Tribunal de Justicia del Estado en Tapachula.
Cambio de jueces
Posteriormente a la Semana Santa de 2006 la familia del Síndico sembró varias palmeras justo en la línea que separa su predio del terreno de De León Mendoza. Dos años más tarde las plantas crecieron e invadieron 41.60 metros cuadrados del inmueble de Ana Isabel, según la averiguación previa 000599/CPJSC1/2008 que se inició el 21 marzo de 2008 en contra de Ángel Octavio González Rosario por el delito de despojo.
Derivado del problema de límites, "mi familia y yo hemos sido víctimas de agresiones físicas y verbales basadas en argucias legaloides. Mi portón fue derribado por un espectacular del restaurante, que misteriosamente provocó un camión repartidor de refrescos Coca-Cola; tiran a mi terreno el agua contaminada que sacan de su alberca, nos tiran el aceite quemado y la basura -bolsas, pañales desechables, latas y botellas del restaurante-".
Después del proceso que le dio a la averiguación previa, Omar Heleria Reyes, juez Primero del Ramo Penal del Distrito de Tapachula, obsequió el 15 de junio de 2009 la orden de aprehensión bajo el expediente 91/2009 y oficio número 84/M3/2009 en contra de Ángel Octavio González Rosario, Rodolfo González Rosario y Ángel González Fuentevilla (padre de ambos) por el delito de despojo equiparado.
Sin embargo, a las 16:00 horas del 16 de junio de 2009, cuando los tres sujetos serían aprehendidos por la Policía Ministerial sobre la Sexta Avenida Norte entre 35 y 36 Poniente de Tapachula, el Síndico haciendo uso de sus influencias logró que ninguno quedara detenido.
"Al lugar de los hechos llegaron policías municipales armados, quienes cortaron cartucho a los ministeriales, y cuando yo señalaba a Ángel Octavio González del Rosario, su padre me empujó violentamente. Mientras que el funcionario alegó que tenía fuero y que no podía ser detenido", señaló la agraviada.
Otros testigos informaron que el Síndico aprovechó el descuido de la Policía Ministerial para llamar al titular de Seguridad Pública Municipal, Álvaro Monzón Ramírez; al director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Ulises Gordillo Mendoza; al edil Ezequiel Orduña Morga, a quien dijo "sácame de esta bronca"; así como a funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia en Tapachula.
"A Rodolfo nunca lo detuvieron, el Síndico fue llevado en calidad de presentado y no aprehendido ante la juez Zelmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán -juez Primero del Ramo Penal del Distrito de Tapachula que recién había sido removida a ese lugar-, mientras que el padre de éstos fue trasladado al Hospital Metropolitano por presuntos problemas de salud. Todo eso lo inventaron. Fuimos a esa clínica a confirmar la detención de este señor pero nos dijeron que no estaba y mucho menos había custodia de la Policía. Finalmente todos estaban libres", agregó De León Mendoza.
Orden sin cumplimentar
La Policía Ministerial no pudo cumplimentar la orden de aprehensión en contra de los tres sujetos y presentarlos ante la Juez, gracias al poder del funcionario municipal y a su círculo de amigos influyentes, quienes actuaron encima del Estado de Derecho. Al preguntarle a la Juez sobre la "improcedencia" de la orden de aprehensión, contestó que "el otro Juez me la obsequió porque sintió lástima".
Además, añadió la quejosa, la autoridad judicial no usó el peritaje oficial de la PGJE "porque le faltaban ciertos elementos", por lo que "utilizó otro dictamen favoreciendo al demandado".
La denuncia ya es del conocimiento del presidente Felipe Calderón; Ana Elisa López Coello, presidenta del Congreso del Estado; Samuel Toledo Córdova Toledo, secretario de la Función Pública del Estado; Raciel López Salazar, procurador General de Justicia del Estado; así como de la Fiscalía Especializada Contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Chiapas.
"Desafuero" del Síndico
Como último recurso, Ana Isabel de León Mendoza solicitó al Congreso del Estado la promoción de un juicio de formación de causa en contra de Ángel Octavio González del Rosario en virtud de que enfrenta una orden de aprehensión por el delito de despojo equiparado.
La tarde del viernes se reunió con varios diputados, entre ellos Ana Elisa López Coello, presidenta del Congreso del Estado, quien se comprometió a tomar partido con el fin de solucionar el conflicto. "Pedir justicia no es un capricho mío. El Síndico y su familia se están burlando de las instituciones, de quienes procuran justicia, bajo el argumento de tener fuero. Este fuero es lo que está permitiendo que actúe con impunidad, fuera de la ley", protestó De León.
Hasta la noche de ayer la familia González del Rosario aún tenía en su poder los 41.60 metros cuadrados de Ana Isabel, cifras que podrían crecer si las autoridades no intervienen.
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- Murk