Talamontes operan con inteligencia de banda criminal en Cintalapa
- Se aprovechan de las leyes obsoletas en Chiapas
Por Amir Hernández
En las montañas de Cintalapa, muy cerca de la cabecera municipal, opera una banda bien organizada de talamontes que son liderados por campesinos conocedores de que en Chiapas hay normas forestales obsoletas, por lo que es casi imposible ser detenido por atentar contra los recursos naturales.
Los lugareños les llaman “madereros”; mientras los que saben de leyes, “mafia” y “criminales ambientales”. Y es que la inteligencia con que operan logra superar incluso una consignación por ecocidio en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); aunque en ocasiones el arresto pasa de una situación jurídica a un conflicto político.
En estas circunstancias los “criminales ambientales” solicitan como último recurso la intervención de su representante social en el Congreso del Estado en turno, quien finalmente aboga para la liberación de sus partidarios.
Así, estos campesinos que se disfrazan de pobres se aprovechan de un marco legal obsoleto para nunca cerrar el ciclo clandestino de la tala de pino y cedro, matando a los pocos “pulmones” que tiene Chiapas.
“Modus operandi”
Testigos ratificaron que esta banda es dirigida por un sujeto de apellido “Zárate”, quien mantiene a un grupo de más de cien personas, en el que participan mujeres y niños.
“Zárate” tiene gente especializada en escoger la zona a talar, cortadores, aserraderos, cargadores, transportistas, vigías y un equipo especial que utiliza cuando su gente es capturada por el Ejército o la P
olicía.
Las principales comunidades donde mantiene actividad ilegal la “Banda de Zárate” son: Pomposo Castellanos (mil 500 habitantes), Abelardo L. Rodríguez (700 habitantes), Triunfo de Madero (mil habitantes) y en la cabecera municipal de Cintalapa.
Todos estos lugares son considerados “puntos rojos” por las autoridades gubernamentales, establecidos a pocos kilómetros de la cabecera municipal.
El pino y el poco cedro que cortan en los bosques de Cintalapa los trasladan principalmente a carpinterías de Tuxtla Gutiérrez y Las Choapas, Veracruz.
En la Colonia Urbana de Cintalapa está un grupo de jóvenes llamados “Halcones”. Éstos siempre están a bordo de una motocicleta, atentos con teléfono celular o radio de comunicación para alertar a sus jefes sobre la presencia militar o policial en la zona de operación.
Para el transporte de madera siempre ocupan camionetas de modelos antiguos, a veces sin placas de circulación, para ser abandonadas en caso de una persecución policiaca.
“Algunos talamontes se avientan del vehículo en movimiento y se internan en el monte. En algunas ocasiones son detenidos y consignados a la Procuraduría General de Justicia del Estado para su investigación, junto con la madera decomisada”, detalló un mando policiaco estatal.
Además, cuando un vehículo es asegurado, el dueño de la unidad argumenta que la dio rentada y que desconocía la ilegalidad del material forestal transportado.
Otras estrategias que usan.jpg)
estos “criminales ambientales” para no ser descubiertos en los retenes, es colocar ramas o basura sobre los tablones de madera; pintan las grandes vigas con aceite o barniz para hacer pensar que se trata de herramientas de albañilería.
“Cuando la madera -ilegal- es transformada o pintada, ya sea con aceite o barniz, ya no es ilegal. En este último caso nuestras leyes las consideran material de albañilería o elemento de fabricación de casas, incluso si son vigas”, especificó un abogado defensor consultado.
Uno de los últimos recursos que emplea la “Banda de Zárate” cuando un miembro es detenido, es llamar a sus mujeres e hijos que se arman con piedras y palos para exigir a la Policía la pronta liberación de sus familiares.
Frente a los uniformados gritan ser campesinos, pobres, que no se dedican a la tala de árboles. Después reconocen que cortan y comercializan madera para vivir; luego lanzan un jugoso soborno de entre 50 y 60 mil pesos.
Por su parte, un ex representante ejidal inconforme reveló que si los servidores públicos –policías, militares o personal de Fiscalías de protección del medio ambiente– logran alguna aprehensión, “Zárate” contrata abogados para sacarlos de ese apuro judicial, y para agilizar el proceso de liberación a veces buscan el apoyo de su diputado en turno en el Congreso estatal, para convertir el caso en un asunto político.
“La Policía estatal –Preventiva y Ministerial– ha detenido a varios. Pero hemos conocido que después de ponerlos a disposición de las autoridades son liberados. Nos han dicho los detenidos que porque no hay delitos que perseguir”, añadió el campesino.
“¿Leyes obsoletas?”
El pasado nueve de octubre Tuxtla Gutiérrez fue sede de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Análisis y Estudio sobre Delitos Ambientales, en la que participaron funcionarios de fiscalías del estado de México, Sinaloa, Veracruz, Campeche y Chiapas, así como Distrito Federal.
En la reunión estuvo el fiscal especializado en Delitos Ambientales y Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Samuel Ibarra Vargas, principal precursor de la homologación de los criterios sobre política criminal ambiental en México.
Ahí Samuel Ibarra Vargas reconoció el trabajo de la Procuraduría de Chiapas -a través de la Fiscalía Especializada- para la creación de una cultura de sustentabilidad ambiental en todo el estado, el combate frontal al ecocidio: quema de pastizales y tala indiscriminada de árboles.
Al proponer la homologación de leyes ambientales, defendió que el objetivo es mejorar la persecución, prevención y sanción a los delincuentes con medidas que no invadan los ámbitos de competencia.
En ese sentido, propuso el desarrollo de operativos regionales coordinados entre autoridades locales y federales, así como capacitar en materia ambiental a las policías Ministerial, Estatal y peritos de las procuradurías de Justicia.
La propuesta de homologación podría obligar una reforma al Código Penal de Chiapas, que algunas normas no permiten a las autoridades ni siquiera presumir de la existencia de una comisión de delito, creando una especie de vacío legal que es aprovechado por las “mafias ambientales” para seguir lastimando los bosques de manera impune.
“Tal vez sería bueno tener el mismo procedimiento que se le da al abigeato, poniendo horario para el trasladado de madera o leña, para que se indague la procedencia del material forestal”, dijo uno de los expertos.
Otros municipios con problemas “verdes”
Autoridades gubernamentales coincidieron en que existen otros puntos que son considerados con nivel medio de amenazas al medio ambiente: en la Zona Norte están Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán; y en la Región Altos, San Cristóbal de Las Casas y Teopisca, sólo que aquí las situaciones jurídicas se vuelven conflictos políticos.
Además, agregaron que en las regiones Fraylesca, Centro y Costa sí existe la tala pero el índice es bajo.
Sobre la Región Selva señalaron que “en la Biosfera Montes Azules y la Lacandona se da este fenómeno. Aquí se llevan la madera a Guatemala y nos la regresan como muebles”.
En estas circunstancias los “criminales ambientales” solicitan como último recurso la intervención de su representante social en el Congreso del Estado en turno, quien finalmente aboga para la liberación de sus partidarios.
Así, estos campesinos que se disfrazan de pobres se aprovechan de un marco legal obsoleto para nunca cerrar el ciclo clandestino de la tala de pino y cedro, matando a los pocos “pulmones” que tiene Chiapas.
“Modus operandi”
Testigos ratificaron que esta banda es dirigida por un sujeto de apellido “Zárate”, quien mantiene a un grupo de más de cien personas, en el que participan mujeres y niños.
“Zárate” tiene gente especializada en escoger la zona a talar, cortadores, aserraderos, cargadores, transportistas, vigías y un equipo especial que utiliza cuando su gente es capturada por el Ejército o la P
olicía.Las principales comunidades donde mantiene actividad ilegal la “Banda de Zárate” son: Pomposo Castellanos (mil 500 habitantes), Abelardo L. Rodríguez (700 habitantes), Triunfo de Madero (mil habitantes) y en la cabecera municipal de Cintalapa.
Todos estos lugares son considerados “puntos rojos” por las autoridades gubernamentales, establecidos a pocos kilómetros de la cabecera municipal.
El pino y el poco cedro que cortan en los bosques de Cintalapa los trasladan principalmente a carpinterías de Tuxtla Gutiérrez y Las Choapas, Veracruz.
En la Colonia Urbana de Cintalapa está un grupo de jóvenes llamados “Halcones”. Éstos siempre están a bordo de una motocicleta, atentos con teléfono celular o radio de comunicación para alertar a sus jefes sobre la presencia militar o policial en la zona de operación.
Para el transporte de madera siempre ocupan camionetas de modelos antiguos, a veces sin placas de circulación, para ser abandonadas en caso de una persecución policiaca.
“Algunos talamontes se avientan del vehículo en movimiento y se internan en el monte. En algunas ocasiones son detenidos y consignados a la Procuraduría General de Justicia del Estado para su investigación, junto con la madera decomisada”, detalló un mando policiaco estatal.
Además, cuando un vehículo es asegurado, el dueño de la unidad argumenta que la dio rentada y que desconocía la ilegalidad del material forestal transportado.
Otras estrategias que usan
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estos “criminales ambientales” para no ser descubiertos en los retenes, es colocar ramas o basura sobre los tablones de madera; pintan las grandes vigas con aceite o barniz para hacer pensar que se trata de herramientas de albañilería.“Cuando la madera -ilegal- es transformada o pintada, ya sea con aceite o barniz, ya no es ilegal. En este último caso nuestras leyes las consideran material de albañilería o elemento de fabricación de casas, incluso si son vigas”, especificó un abogado defensor consultado.
Uno de los últimos recursos que emplea la “Banda de Zárate” cuando un miembro es detenido, es llamar a sus mujeres e hijos que se arman con piedras y palos para exigir a la Policía la pronta liberación de sus familiares.
Frente a los uniformados gritan ser campesinos, pobres, que no se dedican a la tala de árboles. Después reconocen que cortan y comercializan madera para vivir; luego lanzan un jugoso soborno de entre 50 y 60 mil pesos.
Por su parte, un ex representante ejidal inconforme reveló que si los servidores públicos –policías, militares o personal de Fiscalías de protección del medio ambiente– logran alguna aprehensión, “Zárate” contrata abogados para sacarlos de ese apuro judicial, y para agilizar el proceso de liberación a veces buscan el apoyo de su diputado en turno en el Congreso estatal, para convertir el caso en un asunto político.
“La Policía estatal –Preventiva y Ministerial– ha detenido a varios. Pero hemos conocido que después de ponerlos a disposición de las autoridades son liberados. Nos han dicho los detenidos que porque no hay delitos que perseguir”, añadió el campesino.
“¿Leyes obsoletas?”
El pasado nueve de octubre Tuxtla Gutiérrez fue sede de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Análisis y Estudio sobre Delitos Ambientales, en la que participaron funcionarios de fiscalías del estado de México, Sinaloa, Veracruz, Campeche y Chiapas, así como Distrito Federal.
En la reunión estuvo el fiscal especializado en Delitos Ambientales y Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Samuel Ibarra Vargas, principal precursor de la homologación de los criterios sobre política criminal ambiental en México.
Ahí Samuel Ibarra Vargas reconoció el trabajo de la Procuraduría de Chiapas -a través de la Fiscalía Especializada- para la creación de una cultura de sustentabilidad ambiental en todo el estado, el combate frontal al ecocidio: quema de pastizales y tala indiscriminada de árboles.
Al proponer la homologación de leyes ambientales, defendió que el objetivo es mejorar la persecución, prevención y sanción a los delincuentes con medidas que no invadan los ámbitos de competencia.
En ese sentido, propuso el desarrollo de operativos regionales coordinados entre autoridades locales y federales, así como capacitar en materia ambiental a las policías Ministerial, Estatal y peritos de las procuradurías de Justicia.
La propuesta de homologación podría obligar una reforma al Código Penal de Chiapas, que algunas normas no permiten a las autoridades ni siquiera presumir de la existencia de una comisión de delito, creando una especie de vacío legal que es aprovechado por las “mafias ambientales” para seguir lastimando los bosques de manera impune.
“Tal vez sería bueno tener el mismo procedimiento que se le da al abigeato, poniendo horario para el trasladado de madera o leña, para que se indague la procedencia del material forestal”, dijo uno de los expertos.
Otros municipios con problemas “verdes”
Autoridades gubernamentales coincidieron en que existen otros puntos que son considerados con nivel medio de amenazas al medio ambiente: en la Zona Norte están Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán; y en la Región Altos, San Cristóbal de Las Casas y Teopisca, sólo que aquí las situaciones jurídicas se vuelven conflictos políticos.
Además, agregaron que en las regiones Fraylesca, Centro y Costa sí existe la tala pero el índice es bajo.
Sobre la Región Selva señalaron que “en la Biosfera Montes Azules y la Lacandona se da este fenómeno. Aquí se llevan la madera a Guatemala y nos la regresan como muebles”.
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