ECOCIDIO: Hallan graves anomalías en caso Akishino; hay cinco funcionarios de Tapachula involucrados

Por Amir Hernández

Lo que es un hecho nacional único, un caso de ecocidio en el que presuntamente están involucrados cinco funcionarios de Tapachula y el representante legal de la gasolinera Akishino S.A. de C.V. fue consignado al Juez Segundo Penal con sede en el penal "El Amate".

El caso se conoció luego que residentes molestos denunciaron ante las autoridades ministeriales que de la gasolinera, ubicada sobre el Bulevar Príncipe Akishino de Tapachula, surgen gases que dañan a residentes, estudiantes y al medio ambiente. Después, su edificación evidenció anomalías y el presunto delito de ecocidio al omitir ambas partes la Ley Ambiental.

En septiembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (Fepada) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la averiguación previa número 51/FEPADAM1/2010 por presunto "ecocidio" en contra de los servidores públicos inculpados: Guillermo Gilberto Ordaz Ruiz, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; José Antonio Cintora D´amiano, director de Desarrollo Urbano; José Antonio Zepeda Márquez, departamento de Licencias y Permisos de Construcción; María Isabel Mendoza Carpio, directora de Control Urbano; Herbert Shoeder Bejarano, director de Protección Civil Municipal; y el representante legal de Akishino S.A. de C.V., Luis Gerardo Figueroa Galán.

El hecho trascendió gracias a que padres de familia, maestros del Jardín de Niños "Club de Leones" y vecinos del Fraccionamiento Montebello, encabezados por Ruth Tercero Aguilar, denunciaron los daños que aún provoca la emisión de gases de combustible provenientes de la gasolinera señalada, propiedad del neolonés Eleuterio Oseguera Mendoza, cuya construcción comenzó en enero de 2009 sin que contara con la autorización de impacto y riesgo ambiental, según lo mandan el Artículo 457 fracción XI y Artículo 460 fracción V del Código Penal de Chiapas.

Las investigaciones

Antes de que el caso quedara en manos del Juez Segundo Penal, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones en septiembre de 2010 tras atender las denuncias de la parte agraviada en contra de la Gasolinera Akishino S.A. de C.V. o estación de servicio de Pemex número 10514.

Las autoridades judiciales, ambientales y de salud encontraron presencia de gases tóxicos en el ambiente que ponen en riesgo la salud y seguridad de la comunidad escolar del jardín de niños "Club de Leones", el cual está ubicado a 28 metros de la negociación y de los tubos de desfogue de gases; y de las casas de Montebello a siete metros de los tanques.

Y es que a pesar de no contar con los permisos legales para operar, la gasolinera vertió unos 80 mil litros de combustible en sus tanques de almacenamiento, de los cuales emanan gases dañinos.

"Adultos y niños fueron sometidos a exámenes médicos y las autoridades notaron graves afectaciones por intoxicación: dolor de cabeza, ojos rojos, náuseas, vómitos, irritación de garganta, sensibilidad a la luz, entre otros síntomas", denunciaron los afectados.

Dictámenes estatales y federales

Además, el Juzgado tiene pleno conocimiento de los dictámenes periciales que emitieron el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado (PC), la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitario y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mismos que coincidieron en que las instalaciones de esa gasolinera son peligrosas para los habitantes.

"El problema es cuando llenaron los tanques, de ahí surgió el problema. Huele mucho a combustible. Nunca se ha juzgado ni se ha prejuzgado que la gasolinera sea insegura, porque de lo contrario Pemex no hubiera dado la franquicia, aunque el hecho que se tenga el permiso de Pemex no quiere decir que se está cumpliendo con las normas de seguridad, salud y ambientales vigentes, tal y como está pasando aquí, ya que enfrente hay un kinder y atrás hay familias viviendo, mínimo debe haber más de 50 metros de distancia de los tanques y aquí no sucede eso, de ahí los riesgos para las familias y los niños del kinder", mencionó una autoridad local.

En ese tenor, las autoridades de Profepa dictaminaron que la gasolinera Akishino resultó no apta para funcionar porque viola la norma NMX-R-003-SCFI-2004, ya que "se encuentra a menos de 50 metros del jardín de niños 'Club de Leones', poniendo en riesgo a la población, el suelo, subsuelo y el agua", aunado a los daños provocados a la flora y fauna de la zona.

Mientras que Protección Civil del Estado -de acuerdo con el oficio IPCMIRRD/OT-033/2010- argumentó que si se presentase una emergencia, debido a su cercanía con "centros de concentración masivos y casas habitación, existe un riesgo para la población, por lo que dichas instalaciones son consideradas de alto riesgo, mientras que no cuenta con un Plan de Contingencias debidamente autorizado".

Asimismo, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Instituto de Salud del Estado determinó que la exposición de agentes químicos, físicos y biológicos existentes en la estación resulta peligrosa para los habitantes de la zona.

Por su parte, las familias afectadas resaltaron que los funcionarios municipales implicados ya reconocieron ante las autoridades ministeriales que sí autorizaron al empresario gasolinero construir la estación de servicio "pero se pasaron por el arco del triunfo una serie de normas que exige la Ley Ambiental. Nosotros no estamos en contra de que se genere dinero y empleos, sino de las cosas que están mal hechas, ésta está contaminando, está afectando nuestra salud y ponen en riesgo nuestra seguridad, entonces está mal".

Aprobaron las licencias

Los funcionarios municipales sindicados en noviembre de 2008 iniciaron las gestiones para el establecimiento de la gasolinera Akishino, ubicada sobre la 12 Sur y Bulevar Príncipe Akishino de Tapachula.

Abundaron que en un principio fue negada la licencia de construcción debido a inconformidades de vecinos, aunque -según ellos- se cumplía con los requerimientos técnicos; sin embargo, el empresario neolonés -también dueño de la marca Paletería "La Michoacana"- y su representante legal recurrieron a un amparo ante el Juez Municipal, quien finalmente le dio un recurso de consideración.

Derivado de eso el Ayuntamiento de Tapachula, que preside Ezequiel Orduña Morga, convocó al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano Municipal (Consulta Ciudadana), el cual resolvió aprobar el otorgamiento de la licencia a la gasolinera, la cual fue entregada en enero de 2010.

Asimismo, coincidieron en que para otorgar la licencia de construcción sólo se basaron con los informes de Pemex y Protección Civil Municipal, desacatando de este modo las normas y leyes ambientales federales y estatales.

Y es que comenzaron la construcción del inmueble gasolinero, sin que contaran con la autorización de impacto y riesgo ambiental, según lo mandan el Artículo 457 fracción XI y Artículo 460 fracción V del Código Penal de Chiapas, el cual presentaron en noviembre ante la Secretaría de Medio Ambiente del Estado; es decir, 11 meses después de iniciar la edificación, cuando debió ser antes de ésta.

Se prevé que en breve el Juez del ramo penal especializado en delitos graves de primera instancia del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez con residencia en el municipio de Cintalapa dé su veredicto sobre el caso y defina la situación jurídica de los sindicados.

A pregunta expresa, expertos en la materia afirmaron que el representante de la gasolinera enfrenta un delito grave al realizar actividades sin contar con la autorización de impacto y riesgo ambiental, según lo marca el Artículo 457 Fracción XI del Código Penal.