Derogan arraigo judicial en Chiapas
Por Óscar Gutiérrez
El pleno de la 64 Legislatura local aprobó este jueves la iniciativa de decreto que deroga la figura del arraigo judicial para delitos del fueron común. Chiapas es el primer estado del país en eliminar el recurso.
Grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Panal coincidieron en que la supresión del arraigo judicial se enmarca en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Juan Jesús Aquino Calvo, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, ponderó que con la desaparición del arraigo se fortalecen los derechos básicos enmarcados en los organismos y tratados internacionales.
“Se cumple el principio fundamental pro persona, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), privilegian para el cumplimiento del principio de presunción de inocencia”, enfatizó el diputado local por el Partido Acción Nacional.
La figura del arraigo judicial fue utilizada por el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía (2000-20006), procesado en el penal El Amate y el actual gobierno de Juan Sabines, para encarcelar a líderes sociales, campesinos, indígenas, maestros y periodistas.
Para ello se han valido de la casa de seguridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de su titular Raciel López Salazar, conocida como quinta Pitiquito en el municipio vecino de Chiapa de Corzo.
El pasado martes, al reunirse con abogados del estado, Sabines Guerrero anunció reformas a la Constitución local para extinguir de Chiapas el arraigo judicial en la entidad federativa.
El mandatario perredista argumentó que el arraigo es una figura que “sirve cuando por falta de capacidad no se trabaja en la elaboración de la averiguación previa e integra elementos suficientes para detener a una persona”.
En el paquete de reformas a la Constitución local, los legisladores aprobaron también reformas y requisitos para contender para gobernador:
“Exigiéndose que debe ser chiapaneco por nacimiento; se respetan los derechos ciudadanos de los líderes religiosos, siempre que se separen de su cargo ministerial con ocho años de anticipación y se establece la prohibición de parentesco hasta el cuarto grado”, puntualizó el diputado Aquino Calvo.
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