Empleados de aseo en San Lázaro, víctimas del outsourcing
Refirió que incluso al hacer el cambio de empresa, a los trabajadores no se les cambió el uniforme, sólo se les pegó otro logotipo (Foto: Ricardo Gómez/ EL UNIVERSAL)
La diputada federal por Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde, denunció que “a los trabajadores se les condicionó el pago de la quincena a la firma de la renuncia”
Diputados federales denunciaron que el cambio de empresa que da el servicio de limpieza en la Cámara de Diputados afectó a 456 trabajadores, debido a que no se les pagó finiquito y además se les afectó en materia de antigüedad y otras prestaciones.
“A los trabajadores se les condicionó el pago de la quincena a la firma de la renuncia”, denunció la diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), Luisa María Alcalde.
En entrevista con EL UNIVERSAL denunció que hay elementos para suponer que la empresa“Kasper Limpieza y Mantenimiento”, la cual dejó de prestar servicios a la Cámara Baja, está ligada con “Claver Servicios S. A. de C.V.”, la nueva empresa, pues tienen al mismo abogado, y con esto se afectó a los trabajadores.
Refirió que incluso al hacer el cambio de empresa, a los trabajadores no se les cambió el uniforme, sólo se les pegó otro logotipo.
“Esto nos hace suponer que el cambio de empresa se dio con la intención de eludir sus responsabilidades laborales y dejar de pagar a los trabajadores lo que les correspondía”, dijo, y afirmó que la Cámara de Diputados como responsable solidaria en el outsourcing debe cubrir dichas obligaciones.
Entre otras ilegalidades, destacó que el contrato es “a prueba” por 28 días, y que el patrón reconoce una antigüedad apenas desde el 1 de junio pasado.
Además, “Kasper” fue boletinada en agosto de 2012, por la Secretaría de la Función Pública -en el Diario Oficial de la Federación- entre las dependencias del gobierno federal, y se les pidió abstenerse de “aceptar propuestas o celebrar contratos”.
“Kasper” brindó el servicio desde abril de 2011, y con un sistema de subcontratación tenía a 456 trabajadores, que fueron “despedidos ilegalmente” el 31 de mayo pasado.
Tras informar que se presentará mañana en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a responder por estos hechos, Alcalde hizo un llamado a asumir el papel como patrón sustituto, y responder por la empresa, pagándoles a los trabajadores su finiquito total, como marca la ley.
Denunció que de acuerdo al nuevo contrato además se les limitó a los trabajadores de limpieza acudir a una instancia externa para litigar cualquier problema, so pena de ser despedidos.
Alcalde envió el 12 de junio un oficio al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Francisco Arroyo (PRI) para denunciar este hecho, del cual hasta ayer no había respuesta. Sin embargo, confirmó que alrededor de 30 legisladores se han solidarizado con los trabajadores.
No descartó tomar acciones legales contra la Cámara de Diputados en caso de que no haya respuesta por parte de las autoridades; opinó que la Cámara Baja podría exigir a este tipo de empresas una fianza en caso de incumplimiento de obligaciones laborales.
Criticó que en la casa donde se hacen las leyes, se contrate a empresas que atentan contra el derecho de los trabajadores. En el texto enviado a Arroyo se pidió que se ofrezca un informe de por qué se contrató a esas empresas.
“Hay fundadas sospechas de que Kasper y Claver son operadas por los mismos dueños ya que ambas comparten el mismo representante legal, y han participado en licitaciones en conjunto ante otras instancias”, dijo.
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